Cuando el consumidor solicita un préstamo o compra un objeto cuyo pago se financia en cuotas, está realizando operaciones financieras para consumo o de crédito para el consumo. Existen en el mercado una gran variedad de formas de crédito: préstamos personales, préstamos prendarios, créditos para consumo, tarjetas comerciales, de débito y de crédito, etc.
Información obligatoria
Para proteger al consumidor, la ley indica la información mínima que obligatoriamente debe brindarse por escrito y de modo claro al consumidor:
Descripción del bien o servicio objeto de compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios.
El precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios.
El importe a desembolsar inicialmente de existir, y el monto financiado.
La tasa de interés efectiva anual. Si falta, el consumidor debe abonar intereses ajustados a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina, vigente a la fecha de celebración del contrato. Esta siempre resultará ser una tasa menor a lo contratado.
El total de los intereses a pagar o el costo financiero total.
El sistema de financiación del capital y cancelación de los intereses.
Financiación por terceros
Si para realizar un contrato está previsto que un tercero otorgue un crédito de financiación, si no se otorga este crédito, no puede existir costo alguno para el consumidor. Por ello, si el consumidor realizó algún pago de contado, anticipos o gastos, deben serle restituidos en su totalidad.
Acciones judiciales
Si por motivo del contrato se inicia una acción judicial contra el consumidor, siempre va a corresponder el tribunal de la jurisdicción del domicilio donde efectivamente viva el deudor.
Recomendaciones
No firmar documentos que dejen datos en blanco, ya que podrían ser llenados en un presunto prejuicio.
Exigir la entrega de una copia del contrato, y reclamar la devolución del documento que se firmó al abonar la última cuota.
No dudar en requerir la orientación de un organismo de defensa del consumidor.