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Juzgado ordena al municipio de Paso de los Libres anular aumento en tarifa de transporte urbano

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Paso de los Libres ordenó al Ejecutivo municipal de la localidad fronteriza dejar sin efecto el aumento de tarifa en el servicio de transporte urbano de pasajeros que autorizó el 18 de agosto pasado, ahora bajo observación judicial por considerarse concedido en condiciones violatorias de derechos y garantías de los usuarios.

El Ejecutivo municipal de Paso de los Libres había autorizado a las empresas prestatarias elevar la tarifa a $30 pesos mediante la Resolución N° 184 del día 17 de Agosto de 2020. Ahora deberá volver a fijar lo tarifado a su precio anterior.

Este jueves 10 de septiembre, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral correspondiente a la IV Circunscripción Judicial de Corrientes ordenó a la Municipalidad de Paso de los Libres abstenerse de aumentar la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros.

En concreto, el foro Civil, Comercial y Laboral a cargo de la jueza Dr. Rosa Beatriz Batalla, dispuso la suspensión provisional de la Resolución del Ejecutivo Municipal N° 184 y volver a fijar el valor de lo tarifado “en el periodo inmediato anterior”.

La Resolución impugnada fue rubricada el día 17 de Agosto de 2020 y publicada en el Boletín Oficial municipal el día 19 de Agosto de 2020.

El Juzgado también ordenó a la Municipalidad de Paso de los Libres abstenerse de aumentar la tarifa hasta tanto se falle en forma definitiva en la causa iniciada a requerimiento de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes.

La Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes solicitó al foro judicial que declare nulo el aumento en el servicio de transporte público de pasajeros en administración del municipio libreño por vulnerar derechos y garantías de los usuarios.

Para tal fin, la AUC interpuso en ese foro judicial una acción de amparo y una medida cautelar.

La Asociación de Usuarios y Consumidores solicitó a la Justicia que declare nulo el aumento luego de estudiar el procedimiento administrativo por el cual fue llevado a cabo y concluir que violó derechos amparados por garantías constitucionales, Leyes Nacionales y Provinciales, Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, y por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.

En consecuencia, la AUCC solicitó al Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la IV Circunscripción Judicial de Corrientes que declare la inconstitucionalidad y/o nulidad de la ordenanza Municipal N° 0007/1990, su modificatoria por Ordenanza N° 1237/16 y la resolución del Ejecutivo Municipal N° 184/20; y solicitó que se dicte una medida cautelar a fin de que se disponga su suspensión.

Esto debe concederse “ante el irrazonable y desmedido aumento del precio en la tarifa del servicio de transporte urbano que sostiene”, señala la AUC.

“Sería arbitrario y de ilegalidad manifiesta al haberse obviado para su determinación el procedimiento previsto para la convocatoria de la audiencia pública respecto del plazo, autoridad convocante”, precisa.

Además “sin considerar las circunstancias económicas, el contexto social y político por el que atraviesa el país, a través de una resolución y no de una ordenanza que permitiera la obligada participación que debe tener el Consejo Deliberante”, agrega.

La Asociación de Usuarios y Consumidores advierte que esta decisión fue adoptada “en día feriado”, “aprovechando el contexto de emergencia sanitaria” y “para beneficiar a empresas prestatarias que cuentan con permisos precario para tal fin, desde sus inicios y que además, reciben subsidios mensuales nacionales, provinciales y municipales”.

La Asociación de Usuarios y Consumidores también indicó al Juzgado Civil, Comercial y Laboral que el procedimiento por el cual se autoriza el aumento viola los arts. 42 de la Constitución Nacional y 48 de la Constitución provincial referentes al derecho del usuario a una información adecuada y veraz.

“La cautelar sería necesaria a efectos de evitar el daño inminente e irreparable a los usuarios del servicio público de pasajeros de la ciudad y destacando para ello la existencia de interés público y que el costo económico para esta clase de usuarios, en la situación actual, sería mayor que la se podría causar a las empresas prestadoras del servicio con el otorgamiento de la medida”, señala.

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